La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la existencia de un conflicto de competencias ante los amparos -solicitados por varios juzgadores, y a través de los que se definió la suspensión del proceso judicial- entre la misma SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para la sesión en la que se buscaría dar claridad a este tema, el Tribunal solicitó que se excusaran 4 ministras y ministros de la SCJN, incluyendo la ministra presidenta, toda vez que -a su consideración- había sido notorio su pronunciamiento contra la reforma judicial, no así se solicitó la ausencia de ministros que han expresado su apoyo a la elección judicial. A pesar de eso, la sesión se realizó con todos sus integrantes y, en su sentencia, la SCJN calificó las resoluciones del Tribunal como meras opiniones sin capacidad de invalidar órdenes de suspensión en Juicios de Amparo y, a la vez, ordenó a las y los jueces que revisaran, de oficio, los autos de suspensión en función de lo establecido en la propia sentencia.

Observamos que de manera continua se han seguido interponiendo impugnaciones a la reforma judicial. Ha trascendido que se han presentado cerca de 2,600 impugnaciones durante este proceso siendo algunas: 1) La geografía electoral; 2) los recursos interpuestos por más de 150 personas que quedaron fuera de los listados de postulaciones, entre otras. A pesar de lo anterior, el TEPJF decidió desechar estos recursos, sin entrar al fondo del asunto ni dar solución a estos asuntos.

La entrega de los listados de las personas postuladas por los Comités de Evaluación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo al Instituto Nacional Electoral fue precedida por un ajuste mediante insaculación por tómbola previsto en la legislación, el cual no estuvo exento de errores procedimentales que han sido señalados por este Observatorio en anteriores informes.

Incluso, la confección de las listas, que incluyen la elaborada por el Senado de la República tras la renuncia de las y los integrantes del Comité del Poder Judicial no estuvieron exentas de descuidos que no abonaron a la certeza.

Tras el envío de las 4,224 candidaturas, el INE requirió al Senado, información complementaria, puesto que no había sido entregada en su totalidad la lista y seguía habiendo errores. Para esto dio al Senado 48 horas, a razón de los difíciles periodos de tiempo previstos en la misma reforma y que ponían al INE en un imposible escenario logístico. 

Aunque vemos con cierto ánimo que, a partir de esta etapa, la autoridad administrativa electoral tome el mando de las actividades del proceso, la realidad es que el Instituto se encuentra en un punto de capacidad reducida, debido en gran medida a la asfixiante situación presupuestal. También observamos con preocupación la posibilidad de que el proceso no llegue a buen puerto porque la autoridad vea rebasada su capacidad institucional, en la producción de la documentación y materiales electorales, y en la ubicación e integración de casillas.

·      Uso político de investigaciones penales. Tras la suspensión del proceso por parte de dos personas juzgadoras federales de los estados de Jalisco y Michoacán, que derivó en la renuncia de las y los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, el TEPJF dio vista sobre el actuar de los jueces a la Fiscalía General de la República, quien inició sendas investigaciones de carácter penal, lo que obligó a ambos juzgadores a solicitar medidas cautelares. Desde el Observatorio condenamos el uso político que se le da a la crisis jurisdiccional que estamos viviendo, la que podría tornarse más grave de subsistir el enfrentamiento político entre las instituciones.

·      Inconsistencias detectadas en los listados de candidaturas. En los listados se detectaron, al menos, cinco grupos de inconsistencias: a) personas aspirantes que se encontraron en los listados sin haberse postulado o, en su caso, que habían declinado; b) personas aspirantes que se encontraron en dos listados a distintos cargos, supuesto que la legislación prohíbe; c) personas que fueron promovidas a las candidaturas para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial por estar en Funciones en el actual Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo; d) datos faltantes que no fueron proporcionados por el Senado de la República, que no le permitían al INE cumplir con sus obligaciones de notificación a las y los candidatos; y e) no incorporación de nombres, pues en el primer listado no fueron incluidas las ministras de la SCJN que van a buscar permanecer en el cargo. A partir del requerimiento realizado por el INE fue subsanada la omisión de datos y se realizó la inscripción extemporánea de las ministras, a pesar de que la interpretación literal de la norma -blindada por otro reforma constitucional- no lo permite. 

·      Renuncias a las candidaturas. A la fecha hay más de 200 personas, cuyos nombres aparecen en los listados en poder del INE, que han renunciado a las candidaturas por diversas razones. Hacemos un llamado para que el INE abone a la transparencia en el proceso y dé a conocer los listados de las personas que, manifestando públicamente su renuncia, acudieron ante la autoridad a ratificarla.

·      La politización excesiva que se prevé se recrudezca en las campañas electorales. Muestra de esta situación fueron las múltiples solicitudes de candidaturas a que se incluyeran sobrenombres con claras tendencias políticas en las boletas. Ante el rechazo de esta solicitud en el Consejo General del INE la inconformidad llegó a la Sala Superior del TEPJF, quien a pesar de haberlo permitido en un inicio coincidió con el INE. La politización observada se supone contraria al espíritu de democratización que abanderaba la reforma constitucional en materia judicial.

Insistimos en señalar la inadecuada actuación del Senado de la República, quien en voz de su presidente ha manifestado que la Suprema Corte “no tiene principios”, “es intrascendente” y “son una vergüenza para los poderes”. Reiteramos el llamado para que entre poderes se respete el ya, de por sí, complicado proceso electoral.