Además del proceso electoral judicial a nivel federal por el que se elegirán cargos que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial y Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en 18 entidades se realizarán elecciones judiciales en condiciones adversas para las autoridades electorales, considerando que los términos y plazos son aún más reducidos que los de la elección federal, y que la mayoría de los Organismos Públicos Locales Electorales se encuentran en riesgo por la falta de recursos económicos necesarios para enfrentar los procesos extraordinarios.

A la par, en los estados de Durango y Veracruz se renovarán los ayuntamientos en una elección política que se realizará de manera concurrente con las elecciones federales y locales judiciales, lo que de por sí representa un reto logístico con miras al escenario que se presentará en el resto del país en 2027.

18 entidades (Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) armonizaron sus constituciones locales con la reforma judicial federal para organizar elecciones judiciales en 2025. Las 14 restantes tienen hasta este 15 de marzo para cumplir con lo ordenado. Campeche adecuó su legislación indicando que su proceso de elección será hasta 2027.

El tránsito legislativo en cada estado transcurrió de manera diferenciada. Si bien los congresos locales debieron cumplir con lo mandatado por la Constitución en cuanto a replicar la reforma en el ámbito local, también repitieron las prácticas poco íntegras que se identificaron a nivel nacional: en la mayoría de los casos no ampliaron el presupuesto necesario para que los institutos electorales locales solventen la organización, y los poderes legislativos estatales tomaron un papel preponderante en la confección de los listados de las personas postuladas que llevaron, en los casos de Aguascalientes y Durango por citar un par de ejemplos, a que las candidaturas postuladas son el número exacto de cargos en disputa, lo que hace en la práctica, que la ciudadanía no tenga opciones entre las cuales decidir, y las candidaturas únicas sean seguras ganadoras.

El INE asume cabalmente su papel de rector del Sistema Electoral Nacional al emitir un Plan y Calendario con actividades homologadas, así como directrices generales para la organización en las entidades federativas, siempre dentro del marco de las actividades que, por virtud legal le corresponden de manera exclusiva coordinando aquellas que se tienen reservadas para los estados. Desde el pasado mes de diciembre, los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales electorales se instalaron para llevar a cabo la organización del proceso en cada entidad. Además establece un monitoreo periódico sobre la situación financiera de los OPLE, lo que le permite identificar aquellos en los que se considera un riesgo la organización de la elección estatal.

1. Caso Nayarit. Desde diciembre de 2024, el Consejo General del INE hizo del conocimiento de los Organismos Públicos Locales Electorales las fechas máximas para contar con la viabilidad material y operativa para la realización de actividades inherentes a la elección judicial, ante la eventual posibilidad de que los congresos locales aprobaran sus reformas en tiempo y forma para la organización electoral conjunta. El Congreso de Nayarit incumplió esta agenda, publicando su reforma 12 días después de la fecha propuesta por el INE para la información de los cargos por renovar y 15 días después la geografía judicial estatal.

En ese sentido, el Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso estatal, solicitó al Consejo General del INE incorporar a la entidad como una más en la que se organizarán elecciones en este año. El Consejo se pronunció por determinar la imposibilidad material de tal consideración. No obstante, el Tribunal Electoral definió revocar el acuerdo y permitir la coordinación entre la autoridad federal y la local para la jornada electoral del próximo 1 de junio, poniendo en evidente riesgo el éxito de las elecciones ante lo apretado de los tiempos.

2. Situación financiera de los OPLE. Elecciones en riesgo. De acuerdo con el informe sobre la situación presupuestal de los OPLE emitido por el INE, a marzo de este año, los institutos electorales locales solicitaron en su conjunto 7 mil 588 millones de pesos como presupuesto para gasto operativo, del que les fue aprobado 7 mil 190 millones de pesos. Las entidades que sufrieron el recorte más drástico entre lo solicitado y lo aprobado son Colima (-68.92%), San Luis Potosí (-67.80%), Nayarit (-66.55%), Zacatecas (-65.91%) y Chiapas (-63.26%); si bien en esta última entidad no habrá proceso electoral judicial local, si se requieren previsiones económicas para hacer frente la elección federal en rubros como educación cívica y ciudadana. Preocupa el caso de Nayarit en donde el congreso local impulsó la organización de la elección judicial local, sin asignar el presupuesto solicitado por el OPLE, sino por el contrario, reduciéndolo en más de 66%.

Por el contrario, entidades como Chihuahua, Baja California, Tlaxcala, Coahuila, Michoacán o Durango, que organizarán elecciones judiciales locales, sí recibieron el monto solicitado.

Además de la situación expuesta del Estado de Nayarit, tras el informe de referencia, el INE clasifica como entidades con nivel de riesgo alto a Colima, Zacatecas y San Luis Potosí, y en nivel de riesgo medio a Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Guerrero, Quintana Roo y la Ciudad de México.

3. Elecciones Políticas en Durango y Veracruz. En noviembre de 2024 dieron inicio los procesos electorales ordinarios en los estados de Durango y Veracruz, por los cuales se renovarán 39 y 212 ayuntamientos respectivamente. Con un listado nominal conjunto de más de 7 millones 500 mil personas electoras, el ejercicio en el cual se realizarán elecciones judiciales federales y locales de manera simultánea que la elección política hace suponer un reto logístico en la integración de autoridades administrativas electorales adicionales (órganos desconcentrados temporales y mesas directivas de casilla) en las que no exista participación de los partidos políticos, condición que está prevista en la ley, y que puede favorecer la apatía en la elección judicial al pedir al electorado que se desplace a otro lugar para votar por la judicatura.

Como Observatorio Electoral Judicial nos mantendremos atentos al periodo de campañas políticas y judiciales en ambas entidades, y a las que tendrán inicio el 30 de marzo a nivel nacional, así como a lo que suceda durante la Jornada Electoral.