Uno de los retos más complejos de esta elección es la etapa de campañas electorales, momento en que candidatos y candidatos se dirigirán al electorado para exponer sus propuestas y solicitar el voto. Debido a la naturaleza de esta elección, las campañas se centrarán en la difusión de la trayectoria académica y profesional, su visión acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, y las propuestas para la mejora del Poder Judicial. La principal herramienta que tendrá la ciudadanía para conocer los perfiles que contienden será la plataforma Conóceles, impulsada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las campañas federales inician el domingo 30 de marzo y terminan el 28 de mayo. Los tres días previos a la elección serán de veda electoral. A la par, en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Colima comenzarán las campañas para la elección judicial local. A la fecha, el INE ha definido los listados oficiales y definitivos de las candidaturas y ha ordenado la impresión de las boletas para la elección federal.

Las candidaturas no recibirán financiamiento público para sus campañas y tienen prohibido obtener financiamiento privado. Los gastos que hagan durante las campañas deberán salir de su propio patrimonio. El INE definió los topes de gastos personales de manera única para todos los cargos de la elección; ésta situación fue impugnada^[1] y el Tribunal Electoral resolvió y ordenó al INE que diferenciara los topes en función de los cargos y la circunscripción en la que se eligen.

Como Observatorio, nos mantendremos atentos al procedimiento de fiscalización de los recursos que instaurará el INE para las elecciones, a fin de verificar que no se utilicen recursos prohibidos e ilegales.

La contienda electoral, que aún no inicia, ya mostró sus primeros efectos en el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La exclusión de una de las ministras, aprobada por sus pares en un asunto en el que se había mostrado previamente como imparcial de manera pública, rompió con el bloque de facto que se había producido en la Corte^[2].

En abono a la labor institucional de dar publicidad a las candidaturas federales, el Observatorio Electoral Judicial diseñó una plataforma en línea para difundir aspectos relevantes de los perfiles nacionales. Una de las organizaciones de la sociedad civil que impulsa el Observatorio, DiSentir, solicitó vía transparencia a los Comités de los Poderes Públicos y al Instituto Nacional Electoral, copia íntegra de los currículos de las personas aspirantes seleccionadas en versión pública, como insumo primordial del esfuerzo de comunicación.

En respuesta, el INE catalogó la información solicitada como inexistente, mientras que el Poder Judicial consideró que esa información es temporalmente reservada. El Ejecutivo indicó que el Comité no era un ente obligado legalmente y que había concluido sus funciones a la fecha de la solicitud. Por su parte, el Poder Legislativo a través del Senado, señaló que por disposición legal, para la elaboración de las versiones públicas se requeriría la reproducción de los documentos, con un costo aproximado de 16 mil 300 pesos.

Desde el Observatorio nos manifestamos respetuosos de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información; y de la misma manera señalamos que el acceso efectivo a la información pública es un derecho fundamental, especialmente por ser materia prima para la transparencia y, en este caso, para la participación ciudadana y el ejercicio de derechos político electorales. Barreras como las que indicamos, aunque son legales, obstaculizan seriamente la labor de organizaciones como las que conformamos el Observatorio, cuyo afán único es difundir información que consideramos de interés público y que, a quien finalmente perjudican, es a la ciudadanía y su control legítimo sobre temas de gestión pública. En estos tiempos difíciles en materia de transparencia y debilitamiento institucional, instamos a las autoridades a garantizar un acceso real y efectivo a la información, eliminando cualquier tipo de traba en contra de la participación ciudadana.

Los perfiles que ponemos a disposición de la ciudadanía realizados por las organizaciones que conformamos el Observatorio Judicial Electoral, y que contienen información de las candidaturas federales a la elección de junio próximo, se enmarcan en un trabajo realizado a partir de fuentes públicas y veraces.

^[1] SUP-JE-11/2025 y acumulados, promovidos por Emanuel Montiel Flores, Ángel Mario García Guerra y Luis Edwin Molinar Rohana.

^[2] En la discusión de la Segunda Sala de la SCJN de un Amparo promovido por Ricardo Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera y la solicitud a bancos para acceder a sus cuentas, la ministra Lenia Batres proyectó negarlo. No obstante la defensa del empresario promovió un recurso solicitando se le impidiera votar por una serie de publicaciones en redes sociales denostándole. Si bien, algunas ministras identificadas con el oficialismo se pronunciaron a favor de la recusación, finalmente la ministra abandonó la sesión antes de la votación, dejándola sin quórum y evitando con ello ser reemplazada del debate.

●      Desde la sociedad civil organizada, tras diversas investigaciones (principalmente la realizada por la OSC Defensorxs, y la redacción del diario El País) se han señalado algunas personas con antecedentes de acusaciones por corrupción, presunta comisión de delitos e, incluso, vínculos con el crimen organizado. A pregunta expresa, la presidenta de la República manifestó que no estaba enterada de los señalamientos y que la gente no necesariamente votará por esas personas.

Desde el Observatorio, nos preocupa la línea discursiva desde el Ejecutivo federal en la intromisión de las actividades del proceso. Tanto por la calificación de las tres ministras en funciones que han solicitado su inclusión entre las personas que buscarán ese cargo como “defensoras de las posiciones que el Ejecutivo ha planteado” y la pérdida de independencia judicial que ello implica, como por las constantes menciones desde las conferencias matutinas bajo el supuesto de “informar”, funciones que, por la misma propuesta constitucional enviada por el Ejecutivo, solamente competen al INE.

●      Las tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que solicitaron ser incluidas entre las personas que buscarán ese cargo, fueron requeridas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE por posibles actos anticipados de campaña por su asistencia a una reunión con personas legisladoras integrantes del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso Federal, denuncia que finalmente fue desechada por el INE y fue confirmado el desechamiento por el Tribunal Electoral. Vemos con preocupación la amplia exposición mediática de estos cargos, que se encuentran al límite de configurar actos anticipados de campaña.

●      Por otro lado, el 31 de marzo culmina la primera etapa de capacitación de las personas insaculadas como posibles funcionarias de casilla. Con información del INE, de los casi 13 millones de ciudadanía insaculada, han sido visitadas 12 millones y medio de personas. Se ha notificado a 5 millones. Y se han capacitado hasta mediados del mes de marzo alrededor de 1 millón y medio. Sin embargo, y con información incompleta sobre cuántas personas han aceptado ser funcionarías de casilla, percibimos a escasos días de que concluya esta etapa que la participación no ha sido la esperada y preocupa la debida integración de las casillas que recibirán los votos en la Jornada Electoral.

●      Asimismo, observamos que el Tribunal Electoral ordenó al INE dar respuesta a la solicitud para que el estado de Yucatán se integre a los trabajos coordinados de organización del proceso electoral judicial local, a lo que el Consejo General accedió. Consideramos que todo el proceso electoral judicial ha tenido un calendario de actividades con términos muy ajustados, y la decisión de incluir una entidad más en vísperas del inicio de campañas, pone en riesgo el éxito del proceso en su conjunto.