La reforma constitucional que introdujo la elección judicial fue omisa en establecer, de manera explícita, el andamiaje legal necesario y con la anticipación debida que se suele prever en las elecciones políticas. Esto provocó, de inicio, un vacío normativo dejando un margen considerable para la reglamentación posterior.

Si bien el Instituto Nacional Electoral a través de su facultad reglamentaria impulsó algunas normas para regular sobre todo la etapa de campañas, es tanto la oportunidad como la forma en la que se establecieron, lo que es objeto de crítica. La emisión tardía de reglas ha colocado a las y los candidatos de la elección judicial en una situación de inequidad. La tardanza fue tal que en la víspera del inicio de las campañas federales, el pasado 30 de marzo, el Consejo General del INE atendió una serie de inquietudes sobre lo que se puede y no se puede hacer considerando lo inédito de la elección. Incluso, ya avanzadas las campañas, el INE se ha pronunciado al dar contestación a consultas dirigidas por las candidaturas para esclarecer situaciones que no han quedado del todo definidas legalmente y requieren de la interpretación de la autoridad.

Algunas disposiciones, sobre todo las concernientes a la fiscalización de los ingresos y los gastos, fueron, en buena medida, una adaptación de las normas en el contexto de una elección política tradicional, cuando es notorio que las campañas de candidaturas a ministras, ministros, magistraturas y personas juzgadoras difieren sustancialmente. Otras, como la permisividad a que los tres poderes den difusión al proceso electoral judicial, son contrarias a las determinaciones que se siguen en cualquier otro tipo de elección.

• Deficiente reglamentación en campañas

A pesar de la buena intención del INE para tener un marco legal en una elección nunca antes vista, se percibe cierta improvisación en la implementación de disposiciones que debieran propiciar la equidad en la contienda, pero que en la realidad se han vuelto restrictivas y, por ende, difíciles de llevar a la práctica. Como el hecho de no haber podido realizar actos de arranque de campaña, no permitirse la publicidad mediante perifoneo, microperforados o la rotulación de vehículos, no poder instalar una casa de atención durante la campaña, sino atender asuntos en su domicilio particular y no poder realizar actos conjuntos que impliquen la erogación de gastos aún prorrateándolos. A un mes de iniciadas las campañas electorales, las únicas vías que tienen disponibles las candidaturas para su promoción son las redes sociales, en las que no se puede comprar pauta publicitaria que potencie la exposición, y la campaña en tierra con entrega de impresos en papel reciclable únicamente.

El no tener las reglas claras con anticipación impacta en los canales disponibles de interacción de las candidaturas y acceso a la información de la ciudadanía; a raíz de esto también se ha visto un importante freno respecto de la deliberación pública sobre las cualidades y, por ende, de la idoneidad de las personas postuladas a la judicatura. La ciudadanía cuenta con pocos canales para conocer a las candidaturas y la cantidad de información que deben procesar y analizar es cuantiosa para tomar una decisión informada y crítica de por quién votar. A esto se suma el desorden en la publicación de las listas y lo confuso que aparenta ser la emisión del voto el 1º de junio. Sin mencionar que en 19 entidades federativas además se elegirán personas juzgadoras y magistraturas estatales, y respecto de los cuales las normas, los perfiles y las campañas son aún más confusos.

En ese sentido, la visión de la impartición de justicia de las y los candidatos no cuenta con espacios suficientes para su socialización, dado que es logísticamente imposible cumplir con la reciente regla del INE: invitar a todas las personas contendientes a un mismo cargo o, al menos, al 50% de éstas. Además de la obligatoriedad de tener en cuenta la paridad de género entre quienes asistan. Esta regla vuelve casi imposible cualquier esfuerzo que se haga desde las universidades u organizaciones por dar a conocer las candidaturas y fomentar el debate público.

Desde el Observatorio consideramos que estas disposiciones minan esfuerzos de voto informado de la ciudadanía y, si bien la reglamentación debe obedecer al principio de equidad en la contienda, no es con la restricción de espacios y generando obstáculos como se fomentará la participación ciudadana.

• Incumplimiento de las reglas por parte de las candidaturas

Si bien todas las personas que contienden deben tener licenciatura en Derecho como escolaridad mínima, es notorio que pocas de ellas conocen la reglamentación de las campañas políticas. Aunado a la incertidumbre reglamentaria, observamos con preocupación que no cumplen a cabalidad las reglas quienes tendrán, como función profesional principal, justamente la aplicación de leyes y normas. Desde el Observatorio monitoreamos las campañas y generamos un registro de candidatas y candidatos federales que han incumplido reglas, por ejemplo, potenciando su alcance en perfiles de redes sociales mediante publicidad pagada en redes sociales.

Es notorio que existen candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que erogan excesivos recursos en actos masivos que se encuentran prohibidos, y si bien no deben sostenerse en una estructura partidista, también se percibe que cuentan con un conjunto de personas que les provee ayuda profesional en la logística y en la difusión de los eventos. Hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral, como ente responsable, a mejorar sus estrategias de monitoreo y fiscalización para frenar aquellas acciones que afectan, de manera irreversible, la equidad en la contienda. Asimismo, exhortamos a las personas candidatas de la elección judicial a acatar y cumplir con las reglas que se han emitido hasta ahora pues no hacerlo también pone en evidencia su integridad y su compromiso con la ley y con el Estado de Derecho. Como Observatorio, nuestra labor no se limitará a las etapas previas y a la Jornada Electoral, sino a las labores de fiscalización de los egresos y gastos de las campañas, algo sobre lo que pondremos especial atención cuando haya candidaturas que busquen “legalizar” gastos ilegales. Exhortamos de igual manera al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que, en el momento procesal oportuno y de darse el caso, castigue las malas prácticas electorales que afectan la integridad de la elección judicial.

De igual manera, es notoria la manera en la que algunas candidaturas se promocionan en medio de ejercicios que parecen ignorar la importancia y honorabilidad del cargo al que aspiran y a la judicatura en lo particular. Llamamos a las candidaturas a realizar campañas de calidad, en las que prevalezca la promoción de su trayectoria, un impecable manejo del lenguaje y seriedad en sus proposiciones, así como buscar cercanía con la gente, pero procurando dejar de lado la estridencia y la viralidad propia de las redes sociales. Hacemos el mismo llamado a los medios a no replicar contenido vacío y a exigir un mejor debate público.

• Ausencia de definición de criterios por parte de las autoridades jurisdiccionales

En el mismo sentido, preocupa la contradicción en los argumentos de los órganos jurisdiccionales, cuando asumen para algunos asuntos sometidos a su consideración que la lógica de la elección obedece a un proceso en el que no participan los partidos políticos en las campañas electorales, por lo que no se pueden aplicar disposiciones comunes en elecciones políticas; mientras que, para otra clase de asuntos, equipara los procesos electorales judicial y político, pretendiendo aplicar las mismas reglas. Esta indefinición o variabilidad de criterios, en nada abona al desarrollo de la contienda, por lo que instamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fijar un criterio sobre el cual se sienten las bases de las resoluciones de los asuntos sometidos a su consideración que permitan brindar certeza en el desarrollo de la contienda.

• Finalización de la primera etapa de capacitación de las personas  funcionarias de casilla

Al término de la primera etapa de capacitación de las personas insaculadas como potenciales funcionarios de casilla, el INE reportó haber visitado el 99.9% de los domicilios de la ciudadanía y notificado al 54.13% de estos. Se reportó que de 1 millón 826 mil ciudadanas y ciudadanos que acudieron a la capacitación, el 98.6% accedieron a la segunda insaculación para ser nombrados funcionarios y funcionarias de casilla.

Aunque el cómputo de votos no se dará en las sedes de recepción de votación, como Observatorio consideramos la trascendental relevancia de que las y los ciudadanos que instalarán y atenderán los centros de votación se encuentren debidamente capacitados en su labor, sobre todo porque su participación no será menor y requiere de un alto compromiso. Estaremos haciendo un puntual seguimiento a los trabajos del INE que buscarán que las y los Capacitadores Asistentes Electorales cuenten con el material necesario y suficiente para atender las sesiones de instrucción de funcionarios de casilla, y a los que promoverán que se capacite al personal que hará los cómputos de la votación en sede distrital.