Las elecciones de 2024 fueron las más violentas en México desde que existe registro, de acuerdo con diferentes organizaciones y notas periodísticas por la cantidad de víctimas relacionadas con el proceso electoral. Esto debido a que, desde el inicio del proceso hasta el día de los comicios se registraron más de 550 víctimas, de las cuales 342^[1] fueron asesinadas y 41^[2] eran personas que aspiraban a un cargo público, desde el inicio del proceso hasta el día de los comicios, de acuerdo con organizaciones como Data Cívica, México Evalúa y el Laboratorio Electoral. Según estas organizaciones, la incidencia se centró primordialmente a nivel municipal y focalizada en determinadas regiones del territorio nacional. Las etapas del proceso en donde se presentó la mayor cantidad de incidentes violentos fueron aquellas en donde se definieron las candidaturas, la recta final de las campañas y los días posteriores a la Jornada Electoral, aunque si bien es una condición que tiende a generalizarse tanto en lo geográfico como en lo temporal.

Este inédito proceso de elecciones judiciales carece del tinte político de elecciones anteriores en el país, por ello nos resulta preocupante que la violencia se convierta en un elemento más a considerar. Como se advirtió, desde antes de aprobada la reforma al Poder Judicatura, la intromisión del crimen organizado constituye un riesgo latente para este proceso en específico; esto queda en evidencia con las denuncias que recientemente se hicieron de candidaturas con posibles afinidades a organizaciones criminales, así como otras que pueden traer actos violentos en las campañas.

^[1] https://www.mexicoevalua.org/8-entidades-con-altos-niveles-de-riesgo-de-violencia-politico-criminal-en-las-elecciones-judiciales/

^[2]https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/Informe_Final_de_Violencia_Electoral_en_Mexico_Proceso_2023-2024

La organización México Evalúa publicó un análisis en el que encontró que de las 19 entidades federativas que tendrán elecciones de jueces tanto estatales como federales, 8 presentan altos niveles de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales. La organización considera que los factores que propiciaron la violencia en las elecciones previas se encuentran hoy mucho más presentes y que éstos sirven como vía para que el crimen organizado intervenga y capture no sólo los procesos electorales sino sus resultados y, por tanto, a las y los juzgadores en distintas partes del país.

Los cuatro factores principales que determinan el nivel de riesgo de violencia político-criminal en las elecciones judiciales de 2025 son^[1]:

●      disputas violentas por el control de los territorios locales en múltiples zonas;

●      explotación violenta de múltiples mercados ilícitos convencionales;

●      alta vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones; y

●      alta disponibilidad de opciones de captura.

Con base en estos factores, se clasifica el nivel de riesgo de violencia a nivel estatal:

Riesgo Muy Alto

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

●      Baja California

●      Chihuahua

●      Tamaulipas

●      Veracruz

●      Tabasco

●      Quintana Roo

●      Michoacán

●      Colima

●      Sonora

●      Nayarit

●      Zacatecas

●      San Luis Potosí

●      Edo. de México

●      Cd. de México

●      Tlaxcala

●     Coahuila

●     Durango

●     Aguascalientes

●     Yucatán

Sobre la vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones lo que se evalúa son las capacidades institucionales para investigar y actuar frente al crimen organizado, así entre más       bajas capacidades se       enfrenta      una mayor      vulnerabilidad del estado      a la intromisión del crimen en las elecciones. Y, en cuanto a la alta disponibilidad de opciones de captura, lo que se mide es el porcentaje de cargos que se elegirán en 2025, frente a la totalidad de la judicatura estatal. Entre más cargos se elijan en un estado, más aumenta la posibilidad de cooptación de jueces.

^[1] https://www.mexicoevalua.org/8-entidades-con-altos-niveles-de-riesgo-de-violencia-politico-criminal-en-las-elecciones-judiciales/

Por su parte, Laboratorio Electoral realiza, a partir del inicio del proceso electoral, un monitoreo permanente del fenómeno de la violencia electoral a través de los eventos ocurridos por mes calendario. La organización registra asesinatos, ataques, amenazas y secuestros, entre otras agresiones a candidaturas, a perfiles políticos y a su entorno familiar. También profundiza el análisis en las elecciones locales municipales ordinarias que se llevarán a cabo en los estados de Durango y Veracruz.

Del mes de agosto de 2024 a la fecha se han registrado varios asesinatos de personas que trabajaban en el Poder Judicial. Esto mientras se discutía, entraba en vigor y se ponía en operación la reforma constitucional en materia judicial y las consecuentes elecciones judiciales. Aunque podemos ver violencia contra personas juzgadoras, no en todos los casos es posible hablar de violencia electoral.

La organización publicó que solo encontró información de que una persona de las anteriormente mencionadas era aspirante a un cargo judicial: Audel Arnoldo Hernández Solís. En cuanto a las elecciones políticas que compiten por presidencias municipales, la organización registró el asesinato de dos personas, ambos en Veracruz, Carlos Ranses Neri Rodríguez y German Anuar Valencia.

Por otro lado, la misma organización encontró que, especialmente en Veracruz, al menos una docena de candidaturas renunciaron a su aspiración de contender por un cargo en el poder judicial o en la elección municipal de la entidad, debido a amenazas, inseguridad y violencia, esto de acuerdo con algunas notas periodísticas de medios de la entidad. En ese mismo estado, ya se tienen también registros de secuestros, desapariciones y atentados a personas servidoras públicas, personas aspirantes, precandidaturas, y candidaturas, dentro de ambos procesos electorales.

●      Los 4 casos de violencia en la elección judicial que se han identificado se suman a las decenas de renuncias y amenazas de los procesos electorales ordinarios.

●      Ocho entidades enfrentan riesgo alto o muy alto en términos de violencia para esta elección judicial: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo Tabasco, Tamaulipas, y Veracruz.

●      Lo atípico del comportamiento de la violencia electoral puede responder a la incertidumbre, la falta de información que se maneja sobre las candidaturas y el desconocimiento o inexistencia de mecanismos de denuncia ante casos de violencia. Las dinámicas de violencia para influir en la definición de candidaturas y en su eventual triunfo actúan al margen de la ley. Debemos analizar más alternativas para identificar estos casos y evitar, en la medida de lo posible, que los intereses políticos, económicos y criminales capturen a personas juzgadoras.

●      Todo lo anterior prende las alarmas cuando se anticipa la posibilidad de que en 2027 se realicen de manera concurrente elecciones judiciales y políticas en todo el país, especialmente en medio del debilitamiento de las autoridades electorales y las autoridades judiciales, y ante la falta de mecanismos de acción previstos para atender estos casos.

●      A un mes de la jornada electoral, el Observatorio Electoral Judicial hace un llamado a las autoridades electorales y a las corporaciones de seguridad del estado mexicano, nacionales y locales, para la atención conjunta y eficaz de este fenómeno cotidiano que aqueja a la libertad de las y los votantes en el ejercicio de sus derechos político-electorales.